MINERÍA. Corrientes rubricó el Acuerdo Federal Minero

El Gobierno nacional y las provincias rubricaron  un nuevo Acuerdo Federal Minero. El documento fue presentado durante un acto en la Casa de Gobierno nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri junto al ministro de Energía, Juan José Aranguren y el secretario de Minería, Daniel Meilán y representantes de las provincias firmantes.

En representación de Corrientes, firmó el acuerdo el administrador General del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) ingeniero Mario Rujana en su carácter de autoridad minera provincial.

El Nuevo Acuerdo Federal Minero introducirá un conjunto de nuevas instituciones y normativas entre la Nación y las provincias como la conformación de un Catastro Minero Unificado.

Incluirá, además la conformación de un Centro Nacional de Información Minera, así como un nuevo régimen de participación de las empresas provinciales, hasta el destino a los que se deberían orientar los ingresos por regalías y fondos de infraestructura.

Son cerca de 30 puntos consensuados por la Nación y las provincias tras año y medio de discusión en el marco del Consejo Federal Minero (Cofemin), que se firmó ayer, a excepción de Chubut y la Pampa, para impulsar y dar un nuevo marco institucional al desarrollo de la actividad minera en todo el país.

El acuerdo será remitido al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales para su aceptación o rechazo, pero la sola suscripción de las autoridades ejecutivas de cada distrito tendrá un valor normativo que se explica bajo la figura de “Federalismo de Concertación” y que tiene medidas que pueden ser de inmediata aplicación.

Entre las modificaciones que impulsa el acuerdo y que deberá traducirse en la modificación del Código de Minería, en su artículo 264, refiere a la pérdida del derecho de propiedad minera en manera simultánea con el cierre definitivo del establecimiento por las circunstancias ya vigentes vinculadas a temas ambientales, contractuales o por inoperatividad, situación para la que actualmente debe mediar un plazo de al menos 4 años.

Al mismo, tiempo se mantiene inalterable que las concesiones duren mientras haya recursos minerales para explotación, y la garantías de las condiciones fiscales durante 30 años, lo que permite asegurar el retorno de las inversiones que tienen un 97 por ciento de mortandad entre las tareas prospectivas y de exploración, hasta que se concreta el efectivo desarrollo y productividad de la mina.

Otro de los puntos acordados para generar una Política de Estado Minera sustentada en el federalismo es la sistematización, organización, estandarización y provisión recíproca de información para la conformación de un Centro de Información Minera nacional.

Las Provincias compartirán con la Secretaría de Minería la información sobre la actividad minera en sus respectivos territorios, y referencias de índole geológica, socio-ambiental, catastral minera, económica y de proyectos.

 

Con el fin de estandarizar, a nivel nacional, los sistemas y procesos de registración de derechos, propiedades y trámites mineros, su presentación en forma gráfica y la digitalización de los respectivos expedientes instrumentarán un Sistema de Registro y Catastro Unificado.

Nación y provincias también coordinarán desde el COFEMIN, junto con el Consejo Federal de Medio Ambiente (“COFEMA”) la aplicación de protocolos de buenas prácticas; análisis y gestión de riesgos; sistemas de control ambiental; y protocolos de acción ante la ocurrencia de incidentes.

En esa línea, se acuerda la creación de un denominado “Equipo Consultivo de Gestión Ambiental Minera” (“ECGAM”) para generar insumos tecnológicos y técnicos para fortalecer la gestión ambiental y generar conocimiento a través de la investigación y desarrollo de las mejores prácticas de gestión socio-ambiental, incluyendo comparación a nivel internacional.

Otro punto innovador es el desarrollo de fuentes de energía renovable y de la adopción de prácticas de eficiencia energética como parte integral de los proyectos mineros, para lo cual se fomentará el uso de fuentes limpias en emprendimientos presentes y futuros y promover la adopción de prácticas de ahorro y eficiencia energética que lleven a la reducción del consumo.

En el marco del impacto social y ambiental de la actividad minera, otro de los compromisos será el fortalecimiento de los procedimientos de consultas o audiencias públicas en los procesos de evaluación de los proyectos a instalarse.

Como parte de la búsqueda de promover la pequeña minería y la minería artesanal, las provincias se proponen articular acciones conjuntas con el Banco Nación, el Consejo Federal de Inversiones y otras eventuales entidades crediticias la generación de herramientas de financiamiento para las Pymes del sector.

Otras herramientas previstas en ese sentido se mencionan programas específicos de carácter regional con apoyo técnico del Servicio Geológico Minero de la Nación, la disposición de tarifas diferenciadas y bonificadas de estudios, análisis y generación de proyectos, así como esquemas que prioricen la formación de PYMES locales que provean insumos mineros a la industria.

Con una voluntad similar se promoverá el trabajo con el Consejo Federal Agropecuario y el Ministerio de Agroindustria para generar “clusters” en ubicaciones estratégicas para la provisión de insumos minerales, como también el uso compartido y complementario de recursos naturales o la elaboración de estrategias de encadenamiento productivo.

Finalmente, para asegurar la transparencia, responsabilidad y competitividad las empresas públicas provinciales serán, a partir del acuerdo, entidades independientes del Estado provincial, tendrán su propio patrimonio -sujetas a auditoría y contralor-, podrán actuar en los términos previstos en el Código de Minería y no podrán tener ningún tipo de influencia o participación en el procedimiento de otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones.

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